Votar para elegir

Mucho tiempo ha pasado desde que Pericles pronunciara su oración fúnebre para honrar a los caídos en la Guerra del Peloponeso y –desde entonces– muchos han sido los esfuerzos realizados para definir la democracia y darle sustento ideológico y basamentos prácticos.
Hace más de veinticinco siglos los griegos idearon y ejercieron un sistema de gobierno donde las decisiones sobre los asuntos públicos eran tomadas directamente por la asamblea de los ciudadanos, es decir, por la reunión de varones libres que hubiesen prestado servicio militar y poseyeran ciertos bienes de fortuna.
Dado que no votaban las mujeres, los menores ni los esclavos, como tampoco los extranjeros, era viable reunir la asamblea; con el transcurso del tiempo, esta forma de tomar las decisiones de Estado, esta democracia directa, donde cada ciudadano equivalía a un voto y la representación no era necesaria, sucumbió por razones demográficas fácilmente comprensibles, dando lugar a la democracia representativa o, en términos teóricos, al gobierno ejercido por el pueblo a través de sus representantes.
No pretendemos enfrascarnos, ni aun sucintamente, en la historia de la democracia, como tampoco en su alcance y contenido, tan magistralmente expuestos por Abraham Lincoln en su Oración de Gettysburg. Nos anima indagar –ciertamente– si su principio fundamental,la soberanía popular, se cumple o, si por el contrario, se diluye o desvirtúa en los errores y omisiones del sistema electoral.
La orientación constitucional venezolana con respecto a la soberanía popular tiene mucho tiempo siendo la misma. Para citar solo las constituciones más recientes, señalaremos que las de 1947 (Art. 79), 1953 (Art. 38), 1961 (Art. 4) y 1999 (Art. 5) preceptúan que la soberanía reside en el pueblo, siendo la de 1999 la más avanzada al estatuir –además– la democracia directa (mediante referendos), ausente en sus predecesoras.
Abatido el régimen ilegítimo que presidió Marcos Pérez Jiménez, el venezolano común puso grandes esperanzas en su recién inaugurada democracia; muestra de ello fue la baja abstención -por debajo de un (1) dígito- durante veinte años consecutivos en elecciones presidenciales, a pesar de que el Pacto de Punto Fijo trasladó buena parte de la soberanía a sus signatarios, procurando, sobre todas las cosas,impedir la repetición de una asonada militar como la ocurrida el 24 de noviembre de 1948.
Dicho Pacto tiene una justificación histórica y una crítica merecida. Era menester resguardar el régimen democrático acosado por el militarismo golpista y el castrismo insurreccional, pero una vez que desaparecieron las causas originarias, fueron otras las razones que lo sostuvieron: mezquinos intereses partidistas y personales, intereses económicos nacionales y foráneos y otros no menos insanos.
A los signatarios del Pacto los torturaba la existencia de «fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica»; los recuerdos de la cárcel y el exilio, de la tortura y de las persecuciones les inquietaban el sueño y determinaban su conducta.
Los vicios del puntofijismo no solamente perjudicaron al País como un todo; sus propios creadores –los otrora grandes partidos nacionales– resultaron devorados por el monstruo en las elecciones presidenciales de 1998. Ese día afloraron los resultados de su alejamiento de las masas, del olvido de las doctrinas y de la caribería de los dirigentes.  Ese día los «chavitos», popular disfraz en los carnavales precedentes, que expresaba claramente el hastío de la gente por el bipartidismo, se tornaron adultos para dar comienzo a la tragedia universalmente conocida. Ese día la democracia maltrecha, que recibió el calificativo de formal por sus propios usufructuarios, se despidió del mundo de los vivos.
El Pacto mutó de «imprescindible» a «conveniente»; desaparecidas las razones que le dieron origen, los partidos cogobernantes, enviciados con el clientelismo y con unas prácticas que los convertían en propietarios del País, reservaron para sus élites las prebendas del poder y se negaron a profundizar la democracia, dándole contenido real a la soberanía popular. De esa manera, lo que fuera originalmente antídoto para el golpismo se transformó en la enfermedad que pondría final al proyecto iniciado en 1958. Aplicable a este caso la sentencia de Teofrasto Paracelso: «Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis.»
El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo entre partidos que determinó la orientación política del País por las siguientes cuatro décadas; nació para durar cinco años y envejeció llenándose de vicios e imperfecciones, hasta que causó lo que quiso evitar: la toma inconstitucional del poder.
El tipo de gobierno inaugurado en 1958, mantuvo la tradición constitucional venezolana respecto a la residencia de la soberanía, pero reservó su ejercicio a las élites de los partidos políticos. Son memorables las reuniones de Gonzalo Barrios y Rafael Caldera, en las cuales se tomaban las decisiones más trascendentes con respecto a la marcha del Estado; inolvidables las fracciones parlamentarias de la Cadena Capriles y del Grupo D’Armas, fruto de negociaciones entre las dos grandes editoriales y Acción Democrática y Copei; imperdonable olvidar como AD se jactaba de que en sus convenciones se elegía el Presidente de la República.
Estas prácticas convirtieron la ansiada democracia en una partidocracia y al ciudadano común en invitado de piedra, ajeno a las decisiones que determinaban su destino; esta forma de gobernar y hacer política, insustancial y formalista, tenía que producir y produjo graves consecuencias: alejamiento del ciudadano de los asuntos públicos; percepción de la política como oficio de pillos; la desvinculación del hombre común de sus representantes; pérdida de la esperanza de convertir a Venezuela en una potencia económica y social y, no menos grave, simpatía por salidas inconstitucionales a los problemas nacionales. El gran reto de la democracia moderna y, muy especialmente de esta etapa venezolana que recién comienza, es hacer realidad incuestionable el principio de que la soberanía reside en el pueblo, que la gente es la dueña del País y que, como tal, tiene pleno derecho a elegir a quienes han de gobernarlo. Eso no será posible con el actual sistema electoral, donde el pueblo vota pero son otros los que eligen, donde el dedo de la cúspide política se reserva la soberanía y la ejerce con el desenfado de un rey medioeval.
Para llevar la democracia al pueblo y hacerlo protagonista y no simple espectador, es menester convertir al votante en elector y ello solo es posible abriendo los cauces para que fluya su voluntad mediante la personalización de la elección de los candidatos a ejercer cargos de elección popular. La soberanía popular, constitucionalmente señalada, será una realidad palpable cuando todos los candidatos sean escogidos mediante elecciones primarias y no en virtud de confabulaciones que a la larga desprestigian al sistema e impiden el desarrollo del País.
Te invitamos a compartir con nosotros esta propuesta, la cual presentamos por considerar que sin primarias no hay democracia ni elección popular alguna. ¡Elige tú!