Soberanía // Carlos Asuaje Sequera

Los autores concuerdan en que son tres los elementos del Estado: territorio, población y autoridad, fundamentándose esta última en la idea de que toda unidad de fines necesita la dirección de una voluntad.

No es difícil entender los conceptos de territorio y población: el primero es el espacio sobre el cual el Estado ejerce autoridad y la población la totalidad de los seres humanos que habitan en ese lugar.

Ordinariamente, los estados se constituyen mediante el levantamiento de un acta donde se establecen los principios básicos de convivencia interna y externa, es decir, las normas que se aplicarán tanto a los ciudadanos entre sí como con el Estado al cual pertenecen así como con el resto de la comunidad internacional.

Desde los tiempos de Juan sin Tierra, estas actas constitucionales han limitado el poder del Estado en sus relaciones con de sus ciudadanos, señalando sus más altas autoridades y establecido la forma en que deben ser designadas.

En la actualidad, todos los estados se consideran soberanos o, en otras palabras, no admiten poder superior al suyo. Esta soberanía deriva del concepto de autarquía que idearon los griegos en tiempos de Aristóteles; tal autarquía no era más que el planteamiento de que el Estado no debería requerir auxilio externo para satisfacer sus necesidades, por ser capaz de autoabastecerse plenamente.

Con el paso del tiempo, este criterio -inimaginable en la actualidad- se fue transformando, al punto de que el moderno concepto de soberanía es simplemente el desconocimiento de cualquier poder superior al del propio Estado, quien fronteras adentro tiene poder de dominación sobre los habitantes de su territorio y a lo externo rechaza toda intromisión en los asuntos domésticos.

El poder dominante -exclusivo del Estado- consiste en que sus normas pueden ser aplicadas forzosamente, aún en contra de la voluntad del afectado; ese poder, unido a la soberanía, refractaria a cualquier intromisión extranjera dentro de su territorio, nos obliga a indagar acerca de la forma en que ese poder estatal se constituye y adquiere vigor, al punto de privar sobre la voluntad de todos y cada uno de los ciudadanos que se encuentran dentro de sus fronteras.

Importantes autores como R. Carre de Malberg subdividen la soberanía en externa e interna; la primera excluye toda subordinación o limitación respecto a una potestad exterior, mientras que la interna «implica en efecto que el Estado posee, bien en las relaciones con aquellos individuos que son miembros suyos o que se hallan dentro de su territorio, o bien en sus relaciones con todas las demás agrupaciones públicas o privadas formadas dentro de él, una autoridad suprema, en el sentido de que su voluntad predomina sobre todas las voluntades de esos individuos o grupos, al no poseer éstas sino una potestad inferior a la suya.»

El Estado es un súper poder que se materializa mediante sus tres ramas de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, todos los cuales han debido ser designados mediante consulta universal y secreta. La soberanía ha cambiado de titular a través de la historia; durante el feudalismo se le confirió al territorio, a los reyes de origen divino durante un largo período la historia y al pueblo con motivo de la revolución francesa. En la actualidad, casi todas las constituciones del mundo acogen el principio de la soberanía popular tal como se observa -para citar sólo tres- en las de Colombia, Brasil y Venezuela en sus artículos 3, 14 y 5, respectivamente.

Esto nos lleva a preguntarnos si los estados son soberanos per se o si lo son en nombre y representación del pueblo que habita dentro de sus límites. Siendo imposible la coexistencia de dos soberanías en el mismo tiempo y lugar, debemos concluir que los estados son soberanos solo en la medida en que representen a pueblos soberanos, es decir, a pueblos que dispongan de los medios para decidir libremente sobre los asuntos que les atañen, elegir a sus autoridades y darse las leyes que consideren oportunas.

Esto nos lleva a concluir que no todos los estados son soberanos, pues dicha soberanía está sujeta –necesariamente– a la existencia de gobiernos constitucionales que reflejen, tanto en su estructura como en su dinámica, la voluntad de los pueblos que dicen representar. La legitimidad de cualquier representación, pasa por el cedazo de un sistema electoral capaz de captar la voluntad de la gente, de manera tal que la nación (población y territorio) se provea de un marco jurídico (Estado), fiel cumplidor de las normas constitucionales y legales y atento a la voluntad de sus ciudadanos.

Carlos Asuaje Sequera
@CarlosAsuajeS
http://www.eligetu.org/
23 julio 2020

Fuente: Su autor