Sistema Electoral // Carlos Asuaje Sequera

La dramática degradación económica y social de Venezuela, nos impone una seria reflexión sobre lo que hemos podido ser y lo que somos.

En algún momento de nuestra historia reciente, fuimos el primer exportador mundial de petróleo y el país más rico de América Latina; hoy, mes de mayo de 2020, somos largamente el más pobre, al punto de que el sueldo mínimo en Haití quintuplica largamente el de Venezuela. Más que pobreza, nos encontramos sumidos en la miseria, condición inimaginable hace dos o tres décadas.

En 1914 estalló el pozo petrolero Zumaque-1. Desde ese momento y hasta hace poco, este País fue bendecido con un aguacero de divisas, no sólo producido por la renta petrolera, sino también por la exportación de minerales como el hierro, el oro y el aluminio. Con un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados su momento más reducido, más de dos mil kilómetros de costas, grandes ríos para la producción hidroeléctrica, clima benigno y población pequeña, se nos ofrecía un futuro envidiable.

Así lo percibieron decenas de miles de europeos que, huyendo de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, vieron en Venezuela la tierra prometida y la adoptaron como propia, a través de un programa de inmigración controlada que adelantó el régimen dictatorial presidido por Marcos Pérez Jiménez.

Tan elevadas expectativas y tan magros resultados -al punto de que estamos entre los abanderados mundiales de la hambruna- nos imponen una serie de interrogantes que debemos contestar si deseamos ser libres y alcanzar unos niveles de prosperidad y desarrollo inéditos.

Los «eufemistas» probablemente afirmarán que fuimos mal administrados; los realistas -entre los cuales me apunto- que fuimos saqueados inmisericordemente a través de un sistema político que, denominándose democrático, infringió una y otra vez su premisa fundamental: «la soberanía reside en el pueblo». Esta infracción se materializó mediante normas constitucionales orientadas hacia la partidización del país, tal como veremos inmediatamente.

Ocurrido el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 e instalada en el poder una Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, se planteó la necesidad política de darle un piso jurídico y una justificación histórica a la asonada, para lo cual fue convocada una Asamblea Constituyente (1936) que produjo la Constitución de 1947. En esa Constitución se establece la votación directa, universal y secreta para elegir al Presidente de la República (Art. 192°), la Cámara de Senadores (Art. 154°), la Cámara de Diputados (Art. 151°), mientras que la Disposición Transitoria Séptima ordenaba un plebiscito para determinar si los gobernadores de los estados serían de libre elección del Presidente de la República, o si se deberían elegir por voto universal, directo y secreto.

En medio de la «euforia revolucionaria» (los golpistas llamaron a su felonía «revolución de octubre»), el régimen recién instalado emitió un Estatuto Electoral (modificatorio de la Constitución de 1936), mediante el cual se establecía el voto para todos los hombres y mujeres mayores de 18 años; el voto universal fue vendido como un logro democrático, pues no se dijo que en ese momento el 68.8% de la población mayor de 15 años era analfabeta, como tampoco que menos del 20% de la población en edad escolar concurría a las aulas, ni mucho menos que solamente uno (1) de cada mil (1.000) estudiantes arribaba al bachillerato.

En medio de este desolador panorama educativo, la mesa estaba servida para el paternalismo y la demagogia. Así, el 26 de octubre de 1946, se realizan las elecciones para conformar la Constituyente que -como era previsible- dieron un rotundo triunfo al partido Acción Democrática (137 representantes), contra Copei (19 representantes), PCV (2 representantes) y URD (2 representantes). El gobernante partido AD quedó en capacidad de establecer las normas constitucionales que le aseguraran su permanencia en el poder, a través de un régimen de partidos que –confirmado en la Constitución de 1961- resultó bipartidista a partir de 1958 y que duró cuarenta años.

Entendiéndose como soberanía la autoridad suprema del Poder Público, (antes ostentada por los reyes de origen divino), el dogma de la democracia es que la soberanía reside en el pueblo. Pero no siendo posible que todos podamos ser administradores y legisladores, nace el sufragio y, consecuentemente, la figura del representante, quien actúa –en principio– en nombre y representación de quien lo eligió.

Así las cosas, no es difícil apreciar la inmensa importancia que tiene el sistema electoral para el funcionamiento del Estado. Ya lo dijo Segundo Linares Quintana en su Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional: «si es de la esencia de la democracia indirecta que el pueblo se gobierne por intermedio de sus representantes, no cabe duda que únicamente es posible la operación de esta forma gubernativa a través de gobernantes elegidos por el pueblo directa o indirectamente por medio del sufragio. De aquí que todo lo relacionado con el régimen electoral haga a la sustancia misma del Estado constitucional, y que un sistema electivo deficiente puede hacer fracasar la más perfecta Constitución, quebrando en su misma base las instituciones populares.», mientras que John Humphreys aseveró que «los problemas constitucionales y electorales no pueden ser resueltos en ausencia de un método satisfactorio de elegir representantes.»

Dentro de este orden de ideas, la Corte Suprema argentina ha señalado «que en los países regidos por constituciones que han adoptado el sistema republicano representativo, el pueblo, en cuyo nombre se dicta el estatuto fundamental, es la fuente originaria de la soberanía. Que el medio esencial de poner en ejercicio dicha soberanía es el voto de los ciudadanos a efecto de constituir, directa o indirectamente, las autoridades de la Nación.»

Siendo entonces el voto el medio que tiene el pueblo para expresar su voluntad, las normas electorales deben tener jerarquía constitucional, evitando a todo evento dejar a la ley regulaciones electorales que puedan convertir en letra muerta los mandatos de la soberanía popular.

Así ha sucedido con las constituciones de 1947 y de 1961, quienes en sus artículos 83° y 113, respectivamente, disponen que la ley reglamente lo atinente a la representación proporcional de las minorías, sin especificar lo que debería entenderse como «minorías». Tal omisión permitió interpretaciones acordes con el interés del intérprete, pues no es sino hasta 1992 que la Organización de las Naciones Unidas las clasifica como religiosas, étnicas, lingüísticas y nacionales. En Venezuela, durante décadas, se interpretó que dichas minorías eran las fuerzas derrotadas electoralmente, cuando en verdad, «la representación proporcional consiste en el sistema electoral que otorga a cada partido o grupo político un número de representantes que guarda relación con los votos que ha conseguido.» (Heras).

Quizás uno de los vicios más graves de que adolecen las dos constituciones citadas, es la irrevocabilidad de los mandatos. Por sus dictados, una vez que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, designaba un representante, debía esperar hasta el próximo período constitucional para removerlo, aun cuando el elegido fuera evidentemente incapaz para el ejercicio del cargo. De hecho, durante décadas estuvimos en presencia de una antidemocrática transferencia de la soberanía, lo cual era aprovechada por los elegidos para actuar de forma irresponsable y de espalda a los intereses populares. Percibiendo tal anomalía, el constituyente de 1999, agregó al artículo 5 constitucional el vocablo «intransferiblemente» y al 6 «mandatos revocables».

Por su propia naturaleza, toda representación es revocable; no es concebible dentro de una sana lógica jurídica y política, que un representante no pueda ser revocado cuando el representado considere que la representación conferida deba ser eliminada. Tal vicio constituiría una transferencia de la soberanía y no una representación, haciendo que la soberanía popular se asemeje a un destello fotográfico que se hace sentir una sola vez en cada período constitucional.

Pero es el artículo 63 de la constitución de 1999, el que ha debido provocar un verdadero sismo electoral, al señalar que “la ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.Como es fácil percibir, nada es más impersonal que las listas electorales que obligan a los electores a votar o rechazar en bloque a sus componentes y que se prestan para insertar indeseables agazapados a la sombra de quienes despiertan simpatías en el electorado; además, dichas listas son factores de desvinculación entre el elector y elegido, con las nefastas consecuencias por todos conocidas.

El desastre venezolano -no se puede llamar de otra manera- tiene su fuente primigenia en un sistema electoral hecho a la medida del interés de los partidos políticos, donde su más aberrante expresión son las listas electorales que ponen en manos de unos pocos -y no precisamente los más honorables y capaces- el destino de todos.

Carlos Asuaje Sequera
@CarlosAsuajeS
http://www.eligetu.org/

7 mayo 2020

Fuente: Su autor