La soberanía nacional y el ejercicio pleno de la ciudadanía // Yasmin Núñez García

Decía mi ilustre maestro, el Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre, que "a lo largo de la historia en todo grupo humano, menos en la horda, ha existido de algún modo la soberanía, entendida como una forma de conducta para dirigir y gobernar para el bien común, pero si esa soberanía se ejerce con abuso o imposición en grado extraordinario de poder ya no puede llamarse soberanía, sino que le es propio calificarlo de tiranía".

Fue durante la Revolución Francesa que la soberanía absoluta le fue arrebatada al monarca y se trasladó al "pueblo", tal como lo recogió la Constitución Francesa de 1793, como principio de la Soberanía Popular, inspirado en las ideas de Jean Jacques Rousseau, y de donde pasó prácticamente al calco a la mayoría de las constituciones del mundo.

Las innumerables constituciones venezolanas no han sido la excepción, prácticamente todas han establecido, con más o menos limitaciones, el principio de la Soberanía Popular, el cual se encuentra consagrado en el Artículo 5 de la actual Constitución Nacional.

Mientras que en países con democracias sólidas y avanzadas ese principio de Soberanía Popular va más allá del simple hecho de ir a votar, y se ha convertido en la base indiscutible de participación ciudadana en todos los asuntos que le atañen, en nuestro continente el retroceso en este sentido es más que evidente.

En Venezuela, desde que se consagró el derecho al sufragio universal y secreto, hasta el día de hoy, -donde eso se ha perdido-, el principio de Soberanía Popular ha derivado en un simple formalismo que los políticos vaciaron de contenido, "ex profeso", para castrar el sentimiento de ciudadanía, que engendra deberes, pero también derechos, como participar activamente en los asuntos que le atañen en lo político, en lo social y en lo económico.

Los políticos de ayer, y más aún los de hoy, se han aprovechado vilmente de la confianza, pero también de la ignorancia política de la gente, para intentar reducirnos a la triste figura de meros borregos electorales.

Por décadas nos han hecho creer que el ejercicio de la Soberanía Popular se limita al acto del sufragio, pero ni eso se respeta ya. Hoy en día se vota, pero no se elige, y cuando se elige, "el poder" se encarga de desbaratar lo que sale medianamente limpio de las urnas electorales.

En las cuatro décadas anteriores a 1998 ya la participación ciudadana era prácticamente nula, las vigorosas maquinarias electorales alimentadas por la pródiga hacienda pública nacional, regional y municipal se encargaba de dirigir a las masas hacia el candidato que casi por turno se le asignaba la elección. De allí pasamos a la fase más tóxica y destructiva del ejercicio del Poder: "la era chavista", donde no solo se produce el expolio de las riquezas de la nación, sino que además se anula casi por completo el principio de la Soberanía Popular, y en esa tarea, infortunadamente, el avaricioso "liderazgo" opositor contribuyó en la degradación de tan esencial principio.

Pareciera que, tanto quienes hoy detentan el poder de manera autoritaria, como quienes estuvieron llamados a hacer oposición, y no lo hicieron, trabajaron juntos y con esmero para provocar el actual divorcio que existe entre los ciudadanos y sus representantes políticos.

Sería inútil a estas alturas pedir rectificaciones, el sistema está tan viciado de lado y lado que no nos queda otra alternativa que aferrarnos a una transición que asuma como tarea principal la construcción de un nuevo "Estado de Derecho", con el levantamiento de unas fuertes y vigorosas columnas que sostengan los tres principales poderes del Estado, eso sí, con refuerzos suficientes para que nunca más nadie ose a destruirlos causándonos tantas desgracias juntas.

En esa nueva reinstitucionalización de la República de Venezuela el principio de la "Soberanía Popular" debe ser fortalecido para que los ciudadanos puedan participar activamente en las decisiones más importantes, mientras que los gobernantes deberán someterse al escrutinio público y acostumbrarse a rendir cuentas a los ciudadanos.

Ese divorcio intencional entre electores y elegidos debe llegar a su fin.

Desde concejales, alcaldes, gobernadores, diputados y senadores de un nuevo Congreso Nacional, hasta el Presidente de la República, incluso los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los miembros del Poder Electoral, deberán estar sometidos al control ciudadano, mediante mecanismos eficaces y oportunos. Los candidatos a un cargo popular deberán contar con un espacio donde recibir los reclamos y las recomendaciones de los ciudadanos, y los cabildos abiertos deberían ser por norma obligatorios.

Esos cheques en blanco, esas confianzas absolutas, esa fe ciega en los políticos no debe tener ninguna cabida en la Venezuela que está a punto de nacer.

Escrito por: Yasmin Núñez García
@yasmincnunez

Fuente: su autora