El artículo 197 de la vigente Constitución de 1999, establece que los diputados a la Asamblea Nacional deben mantener una vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión.

A riesgo de inducir sospechas acerca de nuestra salud mental, podemos afirmar que esta disposición constitucional se acata y no se acata, dependiendo de la semántica utilizada. Si como elector se entiende al ciudadano votante, el desacato es absoluto, producto –entre otras causas– de tener como sinónimos (quizás intencionalmente) los términos elector y votante, a pesar de las grandes diferencias que los distancian.

Según nuestro diccionario (Real Academia de la Lengua Española), elector significa «Que elige o tiene potestad o derecho de elegir» y, en su segunda acepción «Cada uno de los príncipes de Alemania a quienes correspondía la elección y nombramiento de emperador».

Visto así, los venezolanos somos electores en la medida en que tenemos la potestad o derecho de elegir, pero quedamos reducidos al papel de simples votantes, porque en la realidad existe un grupo de príncipes (al más puro estilo alemán) constituido por los jefes de los distintos partidos políticos nacionales; son ellos quienes determinan desde la presidencia de la Asamblea Nacional hasta la última de las alcaldías y de la voluntad de ese grupúsculo depende buena parte de nuestro presente y de nuestro próximo futuro.

Este pérfido sistema electoral, imperante desde hace 60 años –por lo menos– es la fuente de muchas de nuestras desgracias; es el culpable de que hoy los venezolanos nos preguntemos, con más angustia que esperanza, qué hará la Asamblea el 10 de enero, aun cuando no haya duda acerca de lo que desean los ciudadanos de este País.

Como se está demostrando, la ausencia de elecciones primarias para todos los cargos de elección popular, ha impedido el arraigamiento de una democracia que respete su postulado fundamental: la soberanía popular.

23/12/2018