TEORÍA DE LA SOBERANÍA DEL PUEBLO

320. En el momento actual, la teoría más extendida, respecto a la cuestión de la residencia ordinaria de la soberanía, es aquélla que sitúa la fuente del poder en el pueblo, en la masa común de los ciudadanos. Esta idea debe su fuerza de expansión al desarrollo de la civilización democrática, y también se la debe a los continuos progresos del espíritu individualista, por más que, llevada a sus consecuencias extremas, pueda llegar a ser excesivamente opresora para el individuo, al menos en aquellos pueblos que sólo poseen en grado insuficiente el sentido de la justicia y de la libertad. Pero, además, debe su éxito, especialmente en Francia, a la seducción de las fórmulas que dio de ella su principal propagador, Juan Jacobo Rousseau.

No es que la haya descubierto Rousseau, ni que la haya expuesto por vez primera. Sin referirnos a los teólogos, que desde la Edad Media situaban la residencia de la potestad soberana en la comunidad popular, ni a las tentativas hechas en los Estados Generales de 1355, y sobre todo en los de 1484, con objeto de lograr la admisión de esta misma idea, ni finalmente a la tesis, muy absoluta, sostenida en el mismo sentido en el siglo xvi por los monarcómacos, basta recordar que, ya antes de Rousseau, había fundado Hobbes su teoría del absolutismo del príncipe en la afirmación de que la masa de los ciudadanos transfería al rey la potestad que se hallaba originariamente en ella; que Jurieu, al proclamar la necesidad de una "autoridad que no haya de tener razón para convalidar sus actos", había añadido que "esta autoridad tan sólo se encuentra en el pueblo"; que Locke fundó igualmente la sociedad civil y su potestad en el consentimiento de sus miembros (Esmein, Éléments, 7a ed., vol. 1, pp. 278 ss., 285 ss., 291 ss.; Duguit, Traité, vol. I, pp. 29 ss.). Pero fue Rousseau quien dio a esa doctrina su expresión teórica más clara, particularmente en su Contrato social, y además, quien dedujo sus consecuencias prácticas con una precisión y una valentía que no alcanzó ninguno de sus predecesores.

La tesis de Rousseau, a este respecto, deriva directamente de las ideas emitidas por él acerca del fundamento mismo de la soberanía.

Procede del concepto de que la soberanía, lo mismo que la sociedad y el Estado, tiene su origen en un contrato.' En efecto, el objeto del contrato social no es tan sólo producir "un cuerpo moral y colectivo", sino también, y esencialmente, crear en el seno de la sociedad una autoridad pública, superior a los individuos. A este efecto, el contenido del pacto social lo constituye, según Rousseau, la cláusula siguiente-1 Cada uno de los contratantes, es decir, cada miembro del cuerpo nacional en formación, consiente en una enajenación total de su persona en favor de la comunidad, en tanto que se subordina, él y su voluntad, "a la suprema dirección de la voluntad general", la que se convierte así en soberana. Pero, por otra parte, cada miembro es admitido por todos los demás "como parte indivisible del todo", y por consiguiente, la misma voluntad general no es sino una resultante de voluntades individuales; es la suma numérica de las voluntades particulares e iguales de los asociados.' Así pues, en virtud del contrato social, los asociados son, a la ved, "ciudadanos, en cuanto participan en la autoridad soberana, y súbditos, en cuanto sometidos a las leyes del Estado" (Contrat social, libro 1, cap. vi). Finalmente, pues, del hecho de que todo nacional es llamado a concurrir, con su voz y con su voluntad, a la formación de la voluntad general, resulta que la soberanía tiene esencialmente su residencia en el pueblo, o sea en los individuos mismos que componen el pueblo, en cada uno de los miembros, contados uno a uno, de la masa popular. Esto es -lo que Rousseau expresa al decir que "el soberano sólo está formado por los particulares que lo componen" (ibid., libro 1, cap. vil). Y en otra parte: "Supongamos que el Estado esté compuesto por diez mil ciudadanos. Cada miembro del Estado tiene a su vez la diezmilésima parte de la autoridad soberana" (ibid., libro III, cap. i).

Así entendida, la soberanía se encuentra dividida, desmenuzada en porciones personales, entre todos los miembros ut singuli de la nación. Y entonces, he aquí la consecuencia práctica de este concepto "atomístico": para reconstituir la soberanía del Estado entero será necesario ensamblar y adicionar todas estas parcelas de soberanía individual. En .otros términos, cada vez que haya de tomarse una decisión soberana, habrá que convocar al pueblo, a la totalidad de los ciudadanos; y después, se sumarán las voluntades particulares expresadas por cada uno de ellos, y así se manifestará la voluntad general. Ahora bien, como no podrá esperarse obtener una voluntad absolutamente unánime, respecto de ninguna cuestión, por parte de todos los ciudadanos, Rousseau no tiene más remedio que admitir, en último término, que la voluntad general quedará determinada por las voluntades de la mayoría. Por la misma fuerza de las cosas; en efecto, hay que contentarse con la mayoría si no se quiere que el Estado quede condenado a la impotencia; la ley de la mayoría es por lo tanto un expediente necesario.

No obstante, es conveniente observar que Rousseau no la presenta de ningún modo como un expediente, sino que pretende justificarla lógicamente haciéndola depender de las mismas cláusulas del contrato social.

"Sólo existe —dice-- una ley que, por su naturaleza, exija un consentimiento unánime: es el pacto social. Fuera de este contrato primitivo, la voz del mayor número obliga siempre a los demás; es una consecuencia del contrato mismo" (Contrat social, libro iv, cap. II). Rousseau quiere decir con esto que es en virtud de las estipulaciones mismas del pacto social por lo que la minoría se halla subordinada a la mayoría. Y, en efecto, se acaba de ver que, según el análisis que presenta de estas estipulaciones, en el pacto social cada uno ha consentido en abandonarse a la voluntad general: este abandono o renunciación no puede tener más sentido que el de la sumisión individual de cada uno a la voluntad del mayor número. Por razón misma de este consentimiento otorgado previamente, la voluntad general, por más que haya sido determinada por un cálculo de mayoría, contiene en sí la voluntad de todos, de modo que puede decirse que, al obedecerla, cada cual sólo se obedece, en suma, a sí mismo; y así se mantiene la libertad del ciudadano dentro del Estado.

Sin embargo, parece surgir una objeción: si, en virtud del contrato social, los ciudadanos se han sometido para el porvenir a la voluntad de la mayoría, ¿no excluirá esta subordinación la posibilidad de considerarlos como conservando su libertad y como participando todos, con igual título, en la soberanía? Soberanía y sujeción a la voluntad ajena son dos cosas inconciliables. Rousseau mismo se plantea esta objeción: "Se pregunta cómo el hombre puede ser libre y tener que conformarse a voluntades que no son las suyas. ¿De qué modo los opositores pueden ser libres y sometidos a leyes que no han consentido?" (Contrat social, libro iv, cap. H). Veamos por medio de qué sutil razonamiento trata de soslayar esta objeción (ibid.): "El ciudadano consiente en todas las leyes, incluso en aquellas que se hacen a pesar suyo. Cuando se propone una ley a la asamblea del pueblo, lo que se pregunta a los ciudadanos no es precisamente si aprueban o rechazan la proposición, sirio si dicha proposición es o no conforme a la voluntad general, que es la suya: cada uno de ellos, al emitir su sufragio, da su parecer a este respecto; y del cómputo de los votos se obtiene la deducción de la voluntad general. Así, cuando prevalece el parecer contrario al mío, esto no prueba sino que yo estaba equivocado, y que lo que yo estimaba como voluntad general, no lo era en realidad". Se desprende de esta argumentación, particularmente complicada y sobre todo contradictoria, que la voluntad general no se confunde con la voluntad de todos, ya que puede hallarse en oposición con los sufragios formalmente expresados por una minoría más o menos imponente. Esto es, por lo demás, lo que declara positivamente Rousseau en otro párrafo de su obra (libro II, cap. III): "Existe a veces mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general". Y sin embargo, por otra parte sostiene que esta voluntad general es desde luego la voluntad de todos los ciudadanos. Es "la suya", no sólo porque cada uno ha sido llamado a expresar su parecer respecto de ella, o porque cada ciudadano la hizo suya previamente al suscribir al contrato social, sino también por la razón de que el parecer expresado por la mayoría sobre la consistencia de la voluntad general tiene por efecto determinar cuál es realmente la voluntad de todos: tanto es así que habría que deducir que al emitir un voto contrario al de la mayoría, la minoría se equivocó respecto de su propia voluntad. Esta es una conclusión que Rousseau, a pesar de toda su habilidad, no consiguió hacer admitir (ver núms. 323 y 413, infra).