La soberanía popular como ficción

Finalidad política de la ficción

Desde un punto de vista político, hay muchas razones que justifican la independencia del parlamento respecto del pueblo, todas las cuales pueden reducirse a las ventajas técnico-sociales de la división del trabajo. Ahora bien, la división progresiva del trabajo acaba por contradecir al principio democrático, traducido en el dogma de la soberanía popular. Es curioso observar que, a medida que el parlamento se independiza jurídicamente del pueblo (o mejor, de su órgano creador, que no es nunca todo el «pueblo» sino un sector más o menos amplio de electores), siguiendo el principio de la división del trabajo, la teoría del parlamento se aferra al dogma de la soberanía popular (con la consiguiente «representación» del pueblo por el parlamento) y llega a afirmar incluso que el parlamento es el mismo pueblo (con lo cual la ficción de la representación se convierte en la ficción de la identidad). Indudablemente, esta teoría tiene finalidades políticas. Ocultando la realidad jurídica, quiere hacer creer a aquellos a los que la constitución aleja de la función legislativa, que si bien se hallan representados por el parlamento, determinan por sí mismos la voluntad del Estado. De ese modo se afirma el poder del parlamento, el cual se legitima por el dogma de la soberanía popular que él mismo desplaza, atribuyéndose la competencia exclusiva en materia de legislación. La independencia real del parlamento respecto de la voluntad popular se disimula diciendo que cada diputado es el representante de todo el pueblo. De aquí se deduce que no tiene que recibir instrucciones de los grupos que lo eligieron. Pero «todo el pueblo» es mudo.

Si se acepta la tesis — pura ficción en las democracias representativas — de que el poder legislativo radica fundamentalmente en el pueblo, al cual está subordinado el parlamento como ejecutor de su voluntad, puede afirmarse que el pueblo no puede querer sino a través de su parlamento, y sólo por vía de excepción puede reservarse la realización directa de ciertos actos de voluntad. Uno de éstos es la elección del parlamento. Tal es, se dice, la esencia del órgano primario, como el pueblo. Pero los órganos (no sólo los primarios) no pueden realizar actos de voluntad, sino supuesto que se hallen expresamente autorizados para ello. El hecho de que el «pueblo» elige a su parlamento no basta para fundamentar el principio de que la voluntad de éste es voluntad de aquél, ni para afirmar que el último es un órgano secundario, por ser órgano del primero. Tenemos aquí repetida la confusión, ya antes rechazada, entre la relación de subordinación y la de designación. El pueblo designa al parlamento, pero no por eso éste ha de ejecutar la voluntad de aquél; tanto más cuanto que el pueblo no puede manifestar otra voluntad que la que se expresa en el acto de la elección. La esencia de la democracia « representativa » — en contradicción con su propio nombre — consiste en que no es el pueblo sino el parlamento el llamado a legislar, pudiendo realizar esta función con toda independencia del primero. El pueblo o, mejor, el cuerpo electoral organizado para un acto de elección, es únicamente un órgano de creación. ¿Acaso todo órgano creado tendría que « representar » al órgano creador? Y ¿puede asignarse al «pueblo», respecto del parlamento, una función que no sea la de mera creación? Es, pues, una ficción la existencia de una relación específica representativa entre el pueblo y el parlamento (supuesto que la relación representativa es una relación jurídica, y que el órgano secundario o representativo es un concepto jurídico). Y no debe negarse que la elección de un diputado implica de hecho, aun cuando no jurídicamente, una cierta dependencia de los electores o grupos de electores que deciden la elección o, en su caso, la reelección, sobre todo cuando el sistema electoral está organizado a base de partidos. Pero esta dependencia efectiva no es una particularidad de la elección del parlamento por el pueblo, sino que es una nota de toda elección de un órgano por otro. Esa nota se da en grado acaso mayor en el nombramiento de ministros por el jefe del Estado. Y, sin embargo, a nadie se le ocurrió hablar en este caso de «representación». Es que aquí no entraba en juego la ficción de la soberanía popular, que es el único fundamento en que se apoya la teoría de la representación. Esa ficción es también lo que lleva a la explicación sedicente jurídica, según la cual, el poder legislativo del pueblo, ilimitado en principio, se ciñe hoy a la elección de parlamento, pero «en substancia» permanece en el pueblo; también se dice, con el mismo «acierto», que en la elección el pueblo traslada su poder al parlamento. El carácter ficticio de todas estas construcciones se revela cuando se las utiliza en la exposición de aquellas constituciones que jamás reconocieron al pueblo, ni la potestad legislativa ni «poder» de ningún género (del que carecieron, por tanto), y en las que la elección del parlamento fue la primera señal de vida de un «pueblo», que hasta ese momento no fue otra cosa que una masa de «súbditos». La ficción presta aquí el eminente servicio de servir de freno al progreso ilimitado de la evolución democrática, la cual encuentra su comienzo y su fin, al mismo tiempo, en la introducción del parlamentarismo.