EL ELECTORADO

En su acepción precisa, la palabra electorado designa una facultad individual: la facultad para el ciudadano-elector de participar, por medio de la emisión de su sufragio personal, en las operaciones mediante las cuales el cuerpo electoral procede al nombramiento de las autoridades por elegir. No obstante, como estas operaciones tienen necesariamente un carácter colectivo, para determinar el alcance individual del electorado y para apreciar la capacidad personal de los miembros del cuerpo electoral, hay que comenzar por comprobar cuál es el cometido constitucional de este cuerpo mismo tomado en su conjunto, y cuál es la naturaleza del poder que ha de ejercer en el Estado moderno. ¿Debe considerarse hoy, en derecho público francés, a este poder como propio de un órgano? ¿Aparece, por consiguiente, el cuerpo electoral como un órgano de Estado? Si así es, ¿en qué sentido puede considerársele como un órgano?

Evidentemente, cabe aplicarle el calificativo de órgano si con ello se quiere indicar que, al conferir a sus elegidos la designación que lo convierte en titulares de una función de potestad pública, los ciudadanos electores no ejercen un poder subjetivo, sino una competencia estatal. En este sentido es en el que Jellinek (System der sub jektiven of f entl. Rechte, 2a ed., p. 138; cf. G. Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht, pp. 411 ss.) pudo decir que "el elector no actúa como individualidad dotada de un poder autónomo, sino como órgano del Estado". Porque, añade este autor, "elegir es una función estatal", es decir, una función que no posee el elector como un derecho propio, sino que cumple en nombre del Estado y de la cual se haya investido en virtud de la voluntad de este último. Y en efecto, cuando se ha pronunciado el cuerpo electoral, su decisión no solamente vale como la expresión colectiva de voluntades individuales, sino que vale además como voluntad del Estado mismo.

Pero, precisamente, la cuestión que se suscita aquí es la de saber en qué medida y hasta qué punto es llamado el cuerpo electoral a querer por cuenta del Estado, qué clase de voluntades estatales tiene encargo de enunciar y cuál es el grado de su potestad de querer. En ciertos aspectos es innegable que esta potestad es independiente, incondicionada, inicial; no solamente el cuerpo electoral es dueño de escoger libremente a sus elegidos, sino que también desempeña en el Estado un cometido primordial y capital, por cuanto su actividad es el elemento primitivo y generador del que depende esencialmente la formación de los órganos superiores por medio de los cuales el Estado se encontrará capacitado para tomar decisiones que implican el ejercicio de su más alta voluntad. Desde este punto de vista parecería legítimo considerar al cuerpo electoral como a un órgano verdadero y esencial, puesto que por él y a consecuencia de su intervención el Estado va a adquirir en toda su plenitud la posibilidad de querer de un modo supremo. Sin embargo, si el cuerpo electoral no tiene más función que la de nombrar a los órganos de voluntad estatal, no se puede decir que él mismo presente íntegramente todos los caracteres de un órgano de Estado, en la verdadera acepción de esta palabra, pues entonces la verdad es que se limita a preparar la formación de la voluntad estatal, no realizando directamente esta formación. Ahora bien, el concepto de órgano supone algo más que este simple procedimiento preparatorio, pues lo propio del órgano es proporcionar por sí mismo una voluntad, la voluntad más alta, al Estado, o sea crear de un modo inmediato esta voluntad. ¿Es el cuerpo electoral un órgano en este sentido? En otros términos, ¿debe admitirse que, además de su función de nombramiento de las autoridades electivas, tiene también el poder de determinar por su propia voluntad las decisiones que dichas autoridades habrán de tomar por cuenta del Estado? Tal es el alcance preciso del problema que se formula con respecto a él.

Este problema ha sido resuelto hoy por la generalidad de los autores en el sentido de que el cuerpo electoral es un órgano, e incluso el principal órgano del Estado. Así es como Duguit (Traité, vol. I, pp. 303-304; vol. II, p. 175) dice que "el cuerpo de ciudadanos, llamado cuerpo electoral, expresa directamente la voluntad soberana de la nación"; y por este motivo, lo caracteriza como "el órgano directo supremo". Bien es verdad, dice este autor, que en el régimen representativo francés el cuerpo electoral se limita a designar los individuos que habrán de expresar "en su nombre" la voluntad nacional. Sin embargo, incluso en este régimen, "es también el órgano supremo directo, porque en realidad todos los órganos del Estado derivan de él". Así pues, no duda Duguit en ver en los electores a los "gobernantes primarios" (L'Etat, vol. 11, p. 218), y declara que "en nuestro país las fuerzas gobernantes residen, hoy, en el sufragio universal" (Traité, vol. 1, pp. 83 ss., 296). Igualmente, Saripolos (op cit., vol, II, pp. 83-84, 86-87, 92 ss.) afirma en varias ocasiones que "los electores constituyen, en su conjunto, el órgano central o soberano del Estado"; según este autor, en el cuerpo electoral es donde "se opera la concentración del poder supremo", él es quien "conserva más soberanía", y esto en el sentido de que, llamado a constituir todos los órganos del Estado, "gracias al nombramiento de las personas que componen estos órganos, tiene la dirección suprema del Estado". Todas estas fórmulas las toma Saripolos de Gierke; y la doctrina alemana, en efecto, se pronuncia respecto de la situación del cuerpo electoral en el Estado del mismo modo que la doctrina francesa. Gierke especialmente declara (Genossenschaftsrecht, vol. 1, p. 829) que "el conjunto de ciudadanos es un órgano constitucional del Estado", e incluso "el órgano supremo" (Genossenschaftstheorie, p. 687), por cuanto le corresponde elegir "a los órganos representativos que habrán de ejercer en su nombre los poderes supremos del Estado" (Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung, etc., 1883, p. 1145). Sostiene Jellinek —como se vió anteriormente (n° 385, supra)— análoga opinión. En sus primeras obras (Gesetz und Verordnung, p. 209), este autor dudaba en admitir que "en la democracia representativa, sea el pueblo el órgano soberano, que posee la potestad entera del Estado"; pues, decía, "el pueblo, el conjunto de los ciudadanos, en esta forma de Estado, de ningún modo tiene la capacidad de enunciar una voluntad valedera".

Pero en su Allg. Staatslehre (ed. francesa, vol. it, pp. 278 ss., 481), desarrolla Jellinek otras ideas. Aquí, en efecto, determina el alcance jurídico del sistema representativo moderno diciendo que los representantes son los órganos secundarios del pueblo, con el cual constituyen orgánicamente una unidad, y que él mismo aparece así como un órgano primario del Estado. En esta cualidad de órgano primario, el pueblo, constituido en cuerpo electoral, elige sus representantes. En estas condiciones, declara Jellinek que hay que aprobar la doctrina, comúnmente admitida en Francia, que presenta la institución del sufragio universal como la base esencial de todo el sistema constitucional francés. Esta doctrina tiene su justificación en el hecho de que, según el derecho público francés, el pueblo adquiere su organización propia gracias a sus órganos representativos o secundarios y que "así organizado, posee y ejerce la más alta potestad en el Estado".

Tomado de CARRE DE MALBERG, R. Teoría General del Estado. Pags 1.098 y ss.