Democracia según Kelsen

La democracia

1. La democracia directa. La antigua democracia (Grecia y Roma) era directa, puesto que la voluntad estatal era directamente creada por resolución mayoritaria de los ciudadanos reunidos. Tal forma de Estado se encuentra también en otras partes, especialmente en los pueblos primitivos y con anterioridad a la imposición del principio de mayorías, de modo que las resoluciones de la asamblea popular eran adoptadas por unanimidad (así, por ejemplo, entre los germanos). Sin embargo, esta manera de formación de voluntad limítese a ciertos actos salientes de la ejecución: sentencias en juicio, elección de jefes, declaración de guerra, etc., pues las normas jurídicas generales suelen ser consuetudinarias. En la dirección de la guerra impera casi siempre el principio autocrático. Aun allí donde la asamblea popular adopta sus acuerdos por mayoría de votos, la democracia directa no es posible sino para comunidades pequeñas y situaciones de cultura poco diferenciada. Por eso, prácticamente, apenas interesa ya esta forma de Estado. Allí donde todavía se conserva, como en los pequeños cantones suizos, la constitución no puede renunciar a un parlamento u órgano de legislación indirecta, quedando en vigencia el principio de la democracia directa para la creación de normas generales y ciertos actos ejecutivos de cierta importancia política, como la elección de funcionarios, la aprobación del presupuesto, etc.

2. Democracia indirecta o representativa. También en este dominio de la formación de voluntad estatal o creación de Derecho, la diferenciación progresiva de las relaciones sociales obliga a adoptar el principio de la división del trabajo. Las funciones legislativa y ejecutiva pasan de la masa de súbditos a determinados individuos o grupos. La voluntad de libertad política o autodeterminación se limita a la designación de órganos especializados, hecha por los súbditos. El principio de igualdad vence a la idea de libertad; en lugar de la elección, se impone el sorteo como principio selectivo. Pero este traspaso de funciones y poderes del pueblo a ciertos órganos, va siempre disimulado en la ideología democrática por el principio de la representación: se dice que el órgano es el representante del pueblo, que la función del órgano es la voluntad del pueblo, y así se da lugar a la ficción de que el pueblo se reserva la función que por naturaleza le corresponde, no obstante haberla traspasado a sus órganos Es una falsa ilusión de la ideología política de la democracia indirecta o representativa creer que el parlamento «representa» al pueblo, que es un «órgano» de éste, el cual, a su vez, sería un órgano del Estado; esta ilusión fue ya denunciada anteriormente (cf s. págs. 397 y siguientes). Señalemos aquí dos hechos que caracterizan no sólo las constituciones de las monarquías constitucionales, sino también las de las repúblicas democrático-parlamentarias, y que demuestran el carácter ficticio de la teoría representativa: primero, que el pueblo no tiene acceso, en cuanto tal, a la función legislativa, que corresponde enteramente al parlamento; el referéndum y la iniciativa popular (cfs. pág. 449) son instituciones extrañas, por lo general, a la Monarquía constitucional y a la República parlamentaria. Segundo, que los principios del mandato libre y la prohibición de instrucciones de los electores para la actuación de los diputados, adquieren especial fortaleza en la Monarquía constitucional y en la República parlamentaria; el mandato libre nació, precisamente, con la Monarquía constitucional. El diputado no es representante de intereses individuales o de partido, sino órgano del interés colectivo estatal, según la tesis del constitucionalismo. Pero no se advierte con la debida claridad que semejantes afirmaciones son incompatibles con la concepción del parlamento como árgano representativo del pueblo. Por lo demás, la ficción de la representación del pueblo es independiente del hecho de que el órgano que recaba para sí esa ficción sea elegido por el pueblo, como lo demuestra suficientemente el que también ciertos órganos marcadamente autocráticos se sirven de este medio para justificar su poder en el sentido de la soberanía popular, que no es incompatible, ni mucho menos, con la ideología de la autocracia. En todo tiempo, los monarcas absolutos se han considerado servidores de su pueblo; de la misma manera, todo grupo social que ha logrado o quiere lograr el poder, pretende ser considerado como representante de toda la sociedad; y así también, por fin, se intenta justificar el principio de mayorías, alegando que la mayoría representa a la minoría: en verdad, contra su voluntad realmente manifestada, pero no contra su voluntad «verdadera», «racional».